PRD va contra Dragon Mart

El PRD en la Cámara de Diputados acordó pronunciarse públicamente para que se cancele el mega proyecto comercial conocido como Dragon Mart, por la afectación que provocará al hábitat del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

Incluso, se tomó la decisión de llevar el tema a tribuna durante la sesión de este jueves en la Comisión Permanente, a fin de frenar la obra proyectada en 561 hectáreas, que traería consecuencias de carácter social, toda vez que llegarían a laborar más de 10 mil trabajadores de origen chino, desplazando la mano de obra mexicana.

El pronunciamiento propuesto por la diputada por Quintana Roo, Graciela Saldaña Fraire, exhorta al ayuntamiento de Benito Juárez a no expedir el permiso de construcción para Dragon Mart, Cancún, mientras no se cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del mencionado municipio.

También, solicita al gobierno del estado que considere promover un juicio de lesividad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental del proyecto comercial.

Plantea al titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionada con el proyecto de construcción y operación del centro comercial.

El último punto del pronunciamiento establece pedir al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, emprender una investigación respecto al impacto económico de los factores de la producción, así como las violaciones a la ley del comercio exterior y de inversión extranjera que pudieran darse con la operación de Dragon Mart.

El proyecto comercial prevé la urbanización y edificación, en una primera etapa, de 722 viviendas que albergarían a un conjunto de cinco mil trabajadores de nacionalidad china, y en etapas posteriores, se llegaría hasta dos mil 550 inmuebles más para dar cabida a 10 mil ciudadanos chinos.

Saldaña Fraire expuso que concretar ese proyecto implicaría prácticas en "una especie de ínsula china" dentro de territorio mexicano, sin la mano de obra nacional, pero sí con el empleo de trabajadores de origen asiático bajo condiciones laborales y salariales propias de aquel país, en franca violación a lo establecido por las leyes federales del trabajo, de Inversión Extranjera y de Comercio Exterior.

La legisladora abundó que, para ocultar la ilegalidad de esta obra, los inversionistas chinos la presentaron como un "desarrollo turístico" para obtener el equipamiento y desarrollo urbano a costa de la inversión de los gobiernos federal, estatal y municipal, lograr la entrada de ciudadanos chinos como turistas, quienes en realidad serán los que laborarán en este clúster.

Con información de Agencias.