Ríos Montt, ¿alcanzado por la historia?

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez responderán ante un tribunal por una serie de masacres cometidas en los años ochenta, como parte de la estrategia de "tierra arrasada" impulsada por el Ejército para combatir a las fuerzas insurgentes.

El ex gobernante está acusado de ordenar entre marzo de 1982 y agosto de 1983 quince matanzas en las que perdieron la vida más de mil 700 personas de la etnia ixil.

Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, resolvió ayer que Ríos Montt y su antiguo colaborador deberán responder en un juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad.

Será el primer proceso por genocidio al que sea sometido en Guatemala un ex alto cargo castrense como Ríos Montt, junto a uno de sus colaboradores. También será el primer ex dictador centroamericano en ser enjuiciado por crímenes de esa naturaleza cometidos durante su mandato.

En opinión del responsable de Amnistía para Centroamérica, Sebastián Elgueta, el procesamiento de ambos dirigentes "refuerza la Justicia en Guatemala", en la medida en que demuestra que los autores de crímenes durante la dictadura no son impunes.

Sebastián Elgueta subrayó en un comunicado citado por agencias noticiosas la importancia de "asegurar la justicia, la verdad y la reparación de las familias y víctimas de las violaciones de Derechos Humanos".

En este sentido, el portavoz de Amnistía advirtió que, si bien es "muy importante" el paso dado para que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez rindan cuentas de los posibles delitos cometidos, "los crímenes del pasado de Guatemala continuarán ensombreciendo el presente hasta que las autoridades aseguren la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas y sus familias".

Una comisión de Naciones Unidas determinó en 1999 que los 36 años de conflicto armado en Guatemala (1960-1996) se saldaron con unas 200.000 muertes o desapariciones. Los investigadores documentaron 600 masacres, de las cuales la mayoría se produjeron bajo la presidencia de Ríos Montt.

Amante del poder

José Efraín Ríos Montt, durante 14 años, se hizo elegir de forma consecutiva diputado al Congreso para evadir a la Justicia de Guatemala, que le merodeaba para que respondiera por la sangrienta represión militar que desató durante los meses que gobernó de facto el país.

Desde 1974, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, este militar retirado de 86 años ha sido uno de los más destacados protagonistas de la vida política de Guatemala. Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la presidencia e icono de la brutal represión desata por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

El 23 de marzo de 1982 integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García. Tres meses después disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército.

Una de sus primeras medidas fue poner en marcha los Tribunales de Fuero Especial, en los que jueces con el rostro cubierto condenaron a muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares de control y represión.

Según diversas fuentes académicas y defensores de los derechos humanos, durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noroeste del país, en las que murieron más de 25.000 personas.

El 8 de agosto de 1983 Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.

A finales de 1989, junto a un grupo de antiguos militares y políticos de extrema derecha, fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo. A pesar de que la Constitución guatemalteca prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos a la presidencia, logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.

La Justicia empezó a acercarse al general para que respondiera por los crímenes cuando en diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó una querella contra ocho ex altos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.

La denuncia de Menchú por cargos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a trámite por el juez español Guillermo Ruiz Polanco el 27 de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.

Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto, en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional al considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos. Meses antes, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales guatemaltecos por genocidio contra él y otros militares retirados por las matanzas de indígenas perpetradas por el Ejército.

En enero de 2012, tras cumplir su último periodo como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para afrontar las acusaciones contra él presentadas en 2007, y una jueza lo incluyó en el proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria.

Este lunes, un año después, el juez Gálvez parece haberle concertado una cita con la historia, al ordenar que sea enjuiciado por genocidio y crímenes de guerra, el primer proceso de ese tipo contra un ex alto cargo castrense en Guatemala, dijo la prensa de la nación centroamericana.