Corrupción, la oportunidad
de Peña Nieto

¿Adiós a las mordidas?

El 14 de noviembre, el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, retomaba su propuesta sobre la creación de una Comisión Nacional Anti-corrupción. "Tan mal hace quien corrompe como quien se deja corromper", señaló ese día el ahora mandatario.

22 días después, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico resucitó la propuesta de Peña Nieto, por lo que hizo el llamado a los senadores para que estos no "contaminaran" con sus acuerdos políticos, la integración de un instituto regulador dentro de la función pública.

En ese instante, János Bertók, jefe de la división de integridad pública en la Organización, argumentaba que era importante regular las situaciones con que cuenta el servicio público, para poder así cesar al presidente o comisionados que integren el órgano que sustituiría a la todavía existente Secretaría de Función Pública.

Para el once de diciembre, el secretario general adjunto de la OCDE, Rintaro Tamaki, definía que "el cohecho distorsiona los mercados y aumenta el costo de las operaciones comerciales. Este mes se cumple el 15º aniversario de la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE, el primer instrumento internacional y el único legalmente vinculante que se concentra exclusivamente en la corrupción activa en el ámbito empresarial".

Dicha Convención, cabe aclarar, entró en vigor en 1999 y declara ilegal el soborno de funcionarios públicos en el contexto de las operaciones comerciales internacionales, esto mediante la supervisión de los países y el amplio seguimiento entre ellos para su aplicación; por lo que la Convención procura velar por la eficacia de la lucha contra el cohecho generando así, condiciones de competencia equitativas.

Pero a pesar de que la vara internacional ha marcado una importante altura que México debe alcanzar en términos de anti corrupción, muchos aseguran que el salto que Peña Nieto de en la materia, puede representar un punto a favor del priísta en el arranque de su administración federal, la pregunta que se plantean es, ¿qué tan alto llegará?

Para la doctora Leticia Armenta, académica del Tec de Monterrey, la corrupción excede su simple definición de ser el flagrante en que se obtiene un favor no legar ni formal, a cambio de una prebenda o de un pago, sino que visto desde una óptica financiera, este acto representa un "costo para las familias y los negocios en general, pues esta carga tributaria, al elevar los costos de esta forma, coloca a las empresas en una posición más complicada para competir".

Tal vez por ello, en la redacción de la presentación de la Comisión Nacional Anti Corrupción, en la exposición de motivos se argumentaba que "en el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que gracias a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios, y que éstos resultarán de menor calidad. Igualmente, existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento. La corrupción reduce la efectividad de las políticas públicas y estimula a las empresas para que actúen en el sector informal de la economía, a la vez que desincentiva la inversión extranjera".

En dicho documento presentado por el equipo del presidente Peña Nieto, se enlistaban cinco razones que orientaban de manera negativa la inversión en México.

En la primera se argumentaba que se desalienta la inversión en la economía, puesto que los inversionistas evitan los ambientes inestables e impredecibles; como segunda causa argumentan que se conduce a una mala asignación de las decisiones de inversión, ya que proyectos de mayor escala son "más competitivos" en ambientes corruptos que los proyectos de escala menor. Como tercer causa se indicaba que afecta las decisiones de los ciudadanos ordinarios, de manera que la búsqueda de rentas se transforma en la actividad principal de la fuerza de trabajo. De esta forma, la mala asignación de talentos puede tener claras implicaciones negativas para el crecimiento económico; La quinta razón, dicen, es que la corrupción amenaza la estabilidad macroeconómica puesto que los funcionarios que roban de las arcas públicas, están extrayendo recursos que son necesarios para balancear los presupuestos y estabilizar la economía y como quinta razón, advierten que se aumenta la desigual distribución del ingreso en las sociedades, puesto que sólo beneficia a quienes participan en ella.

Con estos apuntes, la doctora Armenta señala que de acuerdo a mediciones laterales, se ubica un sobre costo alrededor del ocho al diez por ciento en el gasto previsto tanto en empresas como en el presupuesto familiar.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), documento publicado por Transparencia Internacional, México está en el lugar 100 de 183 países, con una calificación de tres (en escala de cero -que representa el nivel máximo de corrupción- a diez). "Dicha calificación es la peor en diez años", argumentaba Peña Nieto en su propuesta de creación de una Comisión.

"Francamente esta administración que recién comienza, tiene un panorama formado por grandes oportunidades para realizar el mejor papel factible y no solo en el área económica, me parece que en el área política el nuevo mandatario tendría que aprovechar para dar un impulso importante al desarrollo mexicano y marcar una diferencia respecto a lo que otros gobiernos del mismo partido han dejado para el país", apuntaba la académica del Tec al ser cuestionada sobre la oportunidad de Peña Nieto al dar un paso anti corrupción en lo poco que lleva de su administración, la cual, a decir del grupo parlamentario del PRI en el Senado, "el gobierno debe poner el ejemplo y ser el principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción".

"Un punto que no podemos dejar de lado es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficaces sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público. En este sentido, un Estado eficaz es necesariamente un Estado transparente y abierto, un Estado observado, evaluado y fiscalizado", exaltaban en su momento los senadores tricolores.

Pero la enjundia con que los legisladores priistas se refieren a la creación de una Comisión de este tipo no es vana. Leticia Armenta reconoce que en "países latinoamericanos, el combate a este fenómeno lo han logrado haciendo sus instituciones cada vez más sólidas y cuando hay una plena independencia entre los distintos poderes; en el caso nuestro, el legislativo, ejecutivo y judicial, cuando estos poderes tienen independencia, cuando uno realmente se constituye en un límite para el otro, es cuando las naciones combaten de manera mucho más efectiva".

En este punto, la doctora Armenta destaca en específico, el caso de Chile y de Uruguay, los cuales empataron en la posición 20 (México está colocado en el lugar 105) y con una calificación de las más altas en América Latina con 72 de 100 puntos (EU tiene el lugar 19 y tiene un puntaje cercano a estas naciones).

La corrupción "es multi causal y hay una parte que a la sociedad nos corresponde llevar a cabo, porque finalmente los ciudadanos somos partícipes de la corrupción; no podemos acusar exclusivamente al sector público de esta práctica, en el índice mexicano de transparencia, incluso se habla de esta práctica a nivel del sector privado, pues hay un momento en que las empresas incurren en ello", nos asegura la investigadora del Tec de Monterrey.

Y a pesar de que el consenso pareciera ser que la sociedad es la más deseosa de que este fenómeno se reduzca, la posibilidad de que se pongan candados para que no haya mayor crecimiento de este fenómeno, dice Armenta, puede provocar un efecto en el gasto familiar por ejemplo, pues a decir de la doctora, representa una merma importante de su ingreso, donde se puede hablar de un 14% que las familias distraen de sus ingresos en corrupción.

"Los nombramientos de los cinco integrantes de la Comisión deben realizarse en un plazo máximo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto", es el anhelo de los senadores priistas en cuanto a la creación de una Comisión anti corrupción. Ahora todo lo que falta, es que pase.